El municipio no es dueño de los datos del vecino: los guarda

La Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Públicos (NORMA NACIONAL) acompaña a la de transparencia desde el lado inverso: donde aquella dice «todo se muestra salvo excepción», esta dice «el dato personal no se muestra, se trata con fundamento». Y el ayuntamiento es de los sujetos que más datos acumulan en el país, casi siempre sin dimensionarlo:\n\nRegistro civil: nacimientos, defunciones, matrimonios —datos que identifican a una persona desde que nace hasta después de morir—.\n\nPadrones y programas sociales: quién recibe el apoyo, con qué domicilio, en qué condición económica o de salud —la combinación más sensible que maneja una presidencia municipal—.\n\nCatastro y hacienda: quién es dueño de qué, cuánto gana, quién debe y a dónde se le cobra.\n\nNómina y expedientes laborales: percepciones, cuentas de nómina, evaluaciones, sanciones de miles de servidores públicos.\n\nVideovigilancia y atención ciudadana: imágenes de calles, quejas con nombre y teléfono, denuncias vecinales.\n\nLa ley llama datos personales a toda información sobre una persona identificada o identificable; patrimoniales los que se refieren a ingresos y bienes; y sensibles los que pueden revelar aspectos íntimos o cuyo mal uso discrimina —salud, preferencias, creencias, origen—. Sobre todos rige el mismo principio madre: el municipio los recaba para ejercer una competencia o prestar un servicio, y solo puede usarlos para eso. El dato que entra por el programa de despensas no sale hacia la campaña, la foto del alcalde ni el teléfono del amigo regidor.

El tratamiento legítimo se sostiene en principios que la ley enumera y el municipio suele olvidar. Legalidad y finalidad: cada base de datos nace de una competencia y tiene un propósito documentado —no se recaba lo que «algún día sirva»—. Consentimiento: para los datos que la ley no obliga a recabar, la persona debe poder decir que no; y el aviso de privacidad —físico o digital, completo o abreviado— es el documento que le explica quién recaba, para qué y cómo ejercer sus derechos: casi ningún municipio lo tiene en sus ventanillas, y es exigible. Calidad: el dato debe ser veraz, actualizado y preciso —el padrón desactualizado no solo es ineficiente: es un dato falso que alguien sufre—. Lealtad y proporcionalidad: solo se recaba lo necesario para el trámite: la credencial completa fotocopiada «por política interna» es de más. Responsabilidad: alguien debe responder del dato —el titular de la dependencia es el responsable del tratamiento, con un encargado o enlace de protección de datos designado por oficio (REGLA ESTATAL: en muchos estados la función recae en la unidad de transparencia o en la sindicatura)—.\n\nY los límites del secreto: la ley de datos no protege al municipio de la transparencia —los datos personales se tachan en las versiones públicas, pero el gasto se ve—, y admite divulgación sin consentimiento en casos tasados: requerimiento de autoridad competente, prevención e investigación de delitos, y los supuestos que la propia ley lista. «Es confidencial» dicho a la ligera no bloquea ni una solicitud válida: el fundamento se cita o el dato se entrega con tacha.

1. El municipio guarda datos de vecinos como depósito con reglas, no como botín propio: se tratan con fundamento y se devuelven en confianza.
2. Tres categorías mandan: identificativos, patrimoniales y sensibles —cada una con su nivel de resguardo y su regla de divulgación—.
3. La finalidad del trámite decide qué se recaba: lo que sobra en el formulario es una falta, no un detalle.
4. El aviso de privacidad es exigible en la ventanilla: informar no es cortesía, es cumplimiento.
5. Transparencia y protección no se contradicen: se publica el programa, se tacha a la persona.

Siguiente lección: Derechos ARCO y brechas: cuando el dato se mueve o se fuga — qué puede exigir la persona sobre sus datos en el municipio, en qué plazos, y qué hacer en las primeras horas de una filtración.