Ética Pública

Los principios que te obligan: de la legalidad a la honradez

Conocer los principios de la función pública que la LGRA hace obligatorios —legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, economía, disciplina y objetividad— y traducirlos a criterios prácticos de decisión.

Ocho palabras con consecuencias

El artículo 15 de la LGRA enlista los principios a los que están obligados todos los servidores públicos: legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, economía, disciplina y objetividad (NORMA NACIONAL). No son un mural en la oficina: son el estándar con el que un órgano interno de control evalúa tu conducta, y las faltas administrativas están redactadas como violaciones concretas de esos principios. Conviene tomarlos uno por uno con ejemplos de tu vida real. Legalidad: actuar solo con base en norma aplicable (el eco del art. 16 constitucional). Honradez: no usar el cargo para beneficio propio o de terceros —el «me llevo la mitad, pero chiquito» es la clásica. Lealtad: al cargo y a la institución, no a la persona que te puso; lealtad institucional no significa tapar faltas (de hecho la obligación de denunciar está encima). Imparcialidad: decidir sin preferencias, colores o deudas políticas.

Siguen eficiencia (lograr el fin público con el menor desgaste posible: un trámite de tres días cuando podía ser de uno también es una falta de cuidado del erario), economía (gastar con austeridad funcional: no «no gastar», sino no desperdiciar: la licitación exprés que cuesta 30% más es un problema de economía), disciplina (observar los procedimientos y las líneas de responsabilidad: el «yo siempre he hecho las cosas así» sin sustento es indisciplina con firma) y objetividad (decidir con criterios técnicos y documentados, no con simpatías: asignar el programa a la colonia amiga «porque siempre le ha tocado» es subjetividad disfrazada de costumbre). Haz una sola cosa con esta lista: conviértela en preguntas antes de firmar. ¿Tengo norma? (legalidad) ¿Esto me beneficia a mí o a los míos? (honradez) ¿Lo decidiría igual si el interesado no fuera mi gente? (imparcialidad y objetividad) ¿Hay una forma más barata y más rápida? (eficiencia y economía) ¿Seguí el procedimiento o mi atajo? (disciplina). El político que hace estas preguntas en voz alta, en reunión y con acta, construye el mejor expediente de defensa que existe: el de haber pensado como servidor público.

[Los ocho principios, en dos filas]

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Para la fecha cumbre de tu programa, contratas a dedo una imprenta «de confianza» sin cotizar: sale 35% más cara pero entregas a tiempo. ¿Qué principios violas con esa decisión?

El principio de «lealtad» en la LGRA significa que un servidor público debe proteger a su superior y a su institución evitando denunciar irregularidades.

Autocomprobación

Cuatro defensas de funcionarios en una junta de aclaraciones. En cuál se coló el error:

  1. No actué con imparcialidad al dar el contrato a la empresa de mi primo: lo reconozco y eso ya es medio camino cumplido.
  2. Gastar menos en publicidad oficial que el año pasado, con mismos resultados, es aplicar el principio de economía.
  3. Si la ley me permite dos interpretaciones, elijo la que más beneficio le dé al programa, no a mi red política: eso es objetividad.
  4. La eficiencia autoriza a saltarse procedimientos cuando la meta es buena: lo importante es el resultado.

Identifica la linea con error.

Elige una decisión que tomaste o respaldaste este mes (en tu trabajo, tu partido, tu asociación). Pásale las siete preguntas del texto: ¿norma?, ¿beneficio propio?, ¿igual si fuera «mi gente»?, ¿más barato y rápido?, ¿procedimiento o atajo?, ¿criterio escrito?, ¿denunciarías esto si lo hiciera otro? Escribe cuál principio flaqueó.

PistaSi te sale «ninguno flaqueó», invierte el ejercicio: ¿podrías defender esa decisión con acta pública y sin enojarte?