Paridad y vida libre de violencia en el Congreso

La paridad que sigue después de la lista

México legisló en paridad (mitad y mitad en las candidaturas federales, principio constitucional y legal que el Tribunal Electoral ha blindado con reglas como la de «parecer» — ir juntos en la boleta— y las fórmulas integradas) y en violencia política en razón de género (VPM): la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, reformada en 2020 — la llamada reforma «3de3 violeta»—, la tipifica como delito y obligación de prevenirla, y el protocolo del INE y los tribunales la aplica con nombre propio: la VPM puede venir del propio partido, del compañero de bancada o del pleno. La paridad formal (el número) ya es realidad en la Cámara federal; la paridad sustantiva sigue siendo trabajo: presidencia de comisiones repartida, relatorías, tiempos de habla en tribuna, quién marca la agenda, presupuesto con perspectiva de género. Y en el pleno cotidiano, la forma más común de violencia no es el insulto: es interrumpir sistemáticamente a las diputadas, adjudicarse sus propuestas, descalificarlas con tono «amable», reducirlas a la estética o al estado civil. La obligación del diputado varón no es «portarse bien»: es corregir el clima — ceder la palabra, no reír el chiste, denunciar el patrón—; y para la presidenta de una comisión, es aplicar el protocolo cuando una legisladora lo invoca: separar, proteger, canalizar a la autoridad electoral o jurisdiccional.

La lección práctica en tres terrenos. Uno: la agenda — hay temas que sin las mujeres sentadas no se legislan (cuidados, brecha, salud, violencia): verificar la paridad de las comparecencias y paneles es obligación tuya, no favor; el índice mínimo: que ningún panel de expertos sea solo hombres porque «no hubo perfiles» — los perfiles existen, la agenda no los buscó—. Dos: el lenguaje y la forma — la Cámara ha tenido discusiones reglamentarias sobre el lenguaje inclusivo en leyes: más allá de la pelea semántica, la regla operativa es que las leyes no borren a la mitad del país — redacción no discriminatoria y análisis de impacto de género en iniciativas sociales—. Tres: el protocolo VPM dentro del Congreso — la Cámara y las legislaturas tienen rutas: la queja ante la mesa directiva, el órgano de igualdad, la contraloría, y la vía del Tribunal Electoral cuando la violencia viene de la autoridad partidista (candidaturas, financiamiento, acoso en la fracción). Nota clave: la VPM no requiere golpe — la ley general la describe en modos psicológico, simbólico, virtual, económico—, y el estándar probatorio del TEHF ya condenó casos hechos de «solo» descalificaciones y obstaculizaciones con sello de género. La paridad y la vida libre de violencia no son un anexo «de mujeres»: son la condición de que el parlamento represente al país que legisla. El escaño de una diputada ocupado a medias — sin palabra, sin relatoría, sin respeto— es tan antidemocrático como el escaño vacío.