Cómo se formaron las instituciones: el pasado mexicano como secuencia de decisiones

Cómo se formaron las instituciones: el pasado mexicano como secuencia de decisiones

Reunión de un equipo de campaña en un estado cuyo nombre es ficticio; las tres frases que siguen son diálogo inventado para el ejercicio, ningún partido real aparece aquí. Una asesora cierra la discusión con la frase más cara: «México siempre tuvo un órgano electoral autónomo: estaba en nuestro destino constitucional que fuera el INE». Otra levanta el celular: «Mira, Juárez ya lo dijo, entre los individuos como entre las naciones...». Y un tercero, con buena intención y peor método: «Las instituciones las construyó el partido que gobernó setenta años, y lo demás es decorado».

Ninguna de las tres frases es un argumento: son historias comprimidas. La primera afirma una continuidad que los documentos desmienten en cinco minutos: en la Constitución federal de 1824, art. 9, las cualidades de los electores las prescribían las legislaturas de los estados y a ellas «corresponde reglamentar las elecciones»; y en el art. 93 del mismo texto la calificación de esas elecciones y la votación por estados eran asunto de las legislaturas y de la Cámara de Diputados. No había órgano autónomo: había un reparto de funciones entre cuerpos que también eran partes interesadas. La segunda frase es el defecto clásico de este tema: una cita célebre de memoria, sin documento delante, en un tema donde las frases atribuidas circulan con tres variantes y ninguna fecha. La tercera confunde dos cosas distintas: quién gobernó y qué regla quedó escrita; y para sostenerla habría que poder mostrar el texto, la mayoría y la fecha de cada decisión, cosa que nadie hizo.

Esta lección enseña esa operación: convertir un relato sobre instituciones en una cadena de decisiones con documento, fecha, actor y alternativa. No te da una versión de la historia mexicana ni te pide que la defiendas. Te da cinco movimientos verificables: localizar el texto, fechar el cambio con la nota de reformas, leer el decreto y sus transitorios, nombrar qué opción quedó sobre la mesa y quién la proponía, y declarar en voz alta lo que no se pudo comprobar. Quien domina esos movimientos puede discutir con una persona de cualquier bando sobre las mismas cuatro hojas.

Todo lo afirmado aquí salió de documentos que se leyeron el 24 de octubre de 2026: la compilación oficial vigente de la Constitución (Cámara de Diputados, última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 07-10-2026), los decretos de reforma que esa misma compilación reproduce con sus transitorios y sus renglones de firma (publicados DOF el 3 de septiembre de 1993, el 22 de agosto de 1996, el 10 de febrero de 2014, el 15 de septiembre de 2024 y el 2 de junio de 2026), y las transcripciones digitales del texto de 1824, del de 1857, del Plan de San Luis del 5 de octubre de 1910 y del manifiesto de Emiliano Zapata fechado en Tlaltizapán el 27 de diciembre de 1917. De las transcripciones se dice, en cada cita, que son transcripciones: la lección no vio el impreso original de ninguna constitución del siglo XIX.

Primero las palabras: hecho verificado, cifra referida, interpretación, juicio de valor

La mitad de las peleadas sobre historia mexicana son peleadas de categoría: alguien presenta una interpretación como si fuera un hecho, o un hecho como si fuera una prueba de su interpretación. Cuatro cajas, y cada afirmación entra en una sola.

Hecho verificado: está en el documento que tienes enfrente, con fecha de publicación y texto literal. Ejemplo de esta lección: el transitorio TERCERO del decreto publicado DOF el 22 de agosto de 1996 dice que «a más tardar el 31 de octubre de 1996 deberán estar nombrados el consejero Presidente y el Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, así como los ocho nuevos consejeros electorales y sus suplentes, que sustituirán a los actuales Consejeros Ciudadanos, quienes no podrán ser reelectos». Eso es verificable en la página 184 de la compilación que se leyó.

Cifra referida: alguien la dijo y tú sabes quién y cuándo, pero no viste el acta. Ejemplo: Reyes Heroles afirma en su discurso del 5 de febrero de 1978 que en el debate sobre cambiar el nombre de la nación «57 diputados votan por la afirmativa y 108 por la negativa». Es un dato útil y citable con su cadena; no es lo mismo que un dato cotejado con el Diario de Debates.

Interpretación: una explicación de por qué pasó, con un defensor que la sostiene. Ejemplo, en las dos versiones de la misma pregunta sobre 1824: la tesis que Reyes Heroles atribuye al dictamen centralista —«No existían estados: los formó, dándoles organización independiente, la Constitución de 1824»— contra la lectura federalista que sugiere el propio texto de 1824, cuyo art. 5 enumera estados que ya existían como partes de la federación. Aquí se nombran las dos y no se decide por ti.

Juicio de valor: «fue un acierto», «fue una traición», «fue un pacto de élites». Puede ser discutible, honesto y hasta obligatorio decirlo en campaña; pero no es una conclusión que salga de la hoja que leíste, y por eso se marca.

La línea de tiempo: nueve decisiones y la causa que cada documento registra

La figura que sigue no es un adorno cronológico: es un ejercicio de lectura. Cada tarjeta tiene tres datos y están separados a propósito. Arriba, la fecha con su soporte: «DOF 06-12-1977» significa que la nota del artículo correspondiente de la compilación oficial imprime esa fecha; «4-oct-1824» es la fecha que la transcripción consultada consigna como del texto. En el centro, qué dispuso ese documento, con la pieza señalada (artículo, base, fracción o transitorio). Abajo, la causa: y aquí la figura es honesta en dos tonos. Donde el propio documento declara su razón, la causa va en tinta oscura con la frase; donde la causa es una hipótesis que alguien más tarde propuso, la tarjeta dice «causa no registrada en el documento leído».

Esa asimetría es la lección entera. De los nueve hitos, cuatro traen causa declarada en el texto que se abrió: el preámbulo de la Constitución federal de 1824 («para fijar su independencia política, establecer y afirmar su libertad, y promover su prosperidad y gloria, decreta la siguiente»); el preámbulo de la de 1857, que presenta el texto como decreto de un «Congreso extraordinario constituyente» y lo vincula al llamamiento del Plan de Ayutla; el transitorio TERCERO del decreto DOF 22-08-1996, que no explica por qué, pero sí dice con precisión a quién sustituye y quién no puede seguir; y el decreto DOF 2 de junio de 2026, cuyo título declara su finalidad: «introducir una nueva causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera». De los otros cinco, la lección no sabe la causa en el sentido fuerte, y lo escribe.

Otra cosa que la línea no puede decir: que una reforma «cerrara» un debate. La nota del artículo 41 en el texto vigente acumula fechas de reforma en 1977, 1990, 1993, 1994, 1996, 2007, 2014, 2015, 2016, 2019, 2024 y 2026. Un artículo tocado doce veces no es la base de una historia de progreso: es un sitio donde hubo conflictos suficientes para que doce mayorías distintas decidieran escribir algo encima.

Caso 1. ¿Quién cuenta los votos? Una institución, tres textos, dos siglos

Hay una pregunta que ordena la historia institucional mexicana mejor que cualquier lista de presidentes: ¿quién hace el cómputo y quién declara la validez? Es una pregunta aburrida y es una pregunta de poder, porque la regla que resuelve el desempate no puede la vez ser parte en el juego sin que eso sea un problema.

En el texto de 1824 la respuesta es repartida y local. Art. 9: «Las cualidades de los electores se prescribirán constitucionalmente por las legislaturas de los estados, a las que también corresponde reglamentar las elecciones conforme a los principios que se establecen en esta Constitución». Art. 25: el Senado se compone de «dos senadores de cada estado elegidos a mayoría absoluta de votos por sus legislaturas». Art. 93: las votaciones «sobre calificación de elecciones hechas por las legislaturas, y sobre las que haga la cámara de diputados de presidente o vicepresidente, se harán por estados, teniendo la representación de cada año un solo voto». Art. 131: una comisión de la Cámara de Diputados revisa las listas «para que revisándolas den cuenta con su resultado, procediendo la cámara a calificar las elecciones, y a la enumeración de los votos». Y como cierre del círculo: art. 84, presidente «el que reuniere la mayoría absoluta de los votos de las legislaturas»; art. 86, si nadie reúne esa mayoría, «la cámara de diputados elegirá al presidente y vicepresidente, escogiendo en cada elección uno de los dos que tuvieren mayor número de sufragios».

En el texto de 1857 cambia el reparto del poder legislativo y queda la misma forma de resolver el conflicto de interés: art. 51, «Se deposita el ejercicio del supremo poder legislativo en una asamblea, que se denominará congreso de la Unión» —una sola cámara, y el texto no organiza un Senado—; art. 91, la Suprema Corte se compone de once ministros propietarios y cuatro supernumerarios; art. 78, el presidente dura cuatro años en su encargo. Y para las reformas, art. 127: dos terceras partes de los individuos presentes del Congreso, aprobación de la mayoría de las legislaturas y, en seguida, «El congreso de la Unión hará el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas».

En el texto vigente la función sale del órgano político y se reparte en tres piezas. Art. 60: «El organismo público previsto en el artículo 41 de esta Constitución, de acuerdo con lo que disponga la ley, declarará la validez de las elecciones de diputados y senadores en cada uno de los distritos electorales uninominales y en cada una de las entidades federativas; otorgará las constancias respectivas...»; y esas determinaciones «podrán ser impugnadas ante las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación». Art. 99: la Sala Superior hace «el cómputo final de la elección de Presidente» y resuelve «en forma definitiva e inatacable». Art. 135, párrafo segundo, adicionado DOF 21-10-1966: el cómputo de votos de las legislaturas sobre reformas constitucionales sigue en manos del Congreso de la Unión o de su Comisión Permanente.

Ese último detalle es el que desarma la lectura teleológica. No hay una flecha que va del Congreso que califica elecciones al órgano autónomo que las declara: hay movimientos en direcciones distintas, y uno de ellos —el de 1966— deja expresamente que el cómputo de las reformas siga haciéndolo el propio legislador que vota la reforma. Quien cuente la historia como progreso continuo no podrá explicar esa línea. Quien la cuente como decisiones verá que en 1966 una mayoría decidió no mover esa pieza, y que esa decisión también tiene fecha.

Caso 2. 1996: el punto de bifurcación que la memoria partidista aplana

Para leer un cambio institucional sin teleología hay un truco operativo: buscar en los transitorios a la persona que el decreto deja afuera. Ahí está la alternativa que había sobre la mesa.

El decreto «mediante el cual se declaran reformados diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos», publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996, reforma —entre otras piezas— el art. 41 desde su párrafo segundo, el art. 54 desde la fracción II, el art. 56, el art. 60 en sus párrafos segundo y tercero, el art. 94, el art. 99, el art. 105 en su fracción II (donde añade un inciso f) y dos párrafos), el art. 108, el art. 110, el art. 111, el art. 116 en la fracción II y le adiciona una fracción IV, y el art. 122; y deroga la fracción VI del art. 73. Ese es el cuerpo de la decisión. Pero lo que hace visible la bifurcación es el transitorio TERCERO: «A más tardar el 31 de octubre de 1996 deberán estar nombrados el consejero Presidente y el Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, así como los ocho nuevos consejeros electorales y sus suplentes, que sustituirán a los actuales Consejeros Ciudadanos, quienes no podrán ser reelectos». La frase tiene tres datos: quiénes llegan, a quiénes se quita y qué se les prohíbe. La alternativa que el decreto tenía delante era sencilla: dejar a los consejeros ciudadanos en su puesto y reformar sólo la ley. El decreto eligió otra cosa, y el propio texto lo confiesa al prohibirles la reelección y al fijar una fecha límite de cuarenta días para sustituirlos.

El transitorio QUINTO hace lo mismo con el tribunal: «Los nuevos Magistrados Electorales deberán designarse a más tardar el 31 de octubre de 1996 y, por esta ocasión, requerirán para su elección del voto de las tres cuartas partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores». Y el SEXTO añade: «En tanto se expiden o reforman las leyes correspondientes, el Tribunal Federal Electoral seguirá ejerciendo las competencias y funciones que actualmente le señala el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales». Es decir: el órgano cambia de nombre y de composición antes de cambiar de ley, y mientras tanto sigue aplicando la norma vieja. Esa es la forma real en que se mueven las instituciones, y es muy distinta de la foto de la ceremonia.

Y hay un tercer detalle, que la figura 4 no puede mostrar pero el bloque de fuentes sí deja anotado: ese mismo decreto DOF 22-08-1996 es el que crea, en el art. 105 fracción II, la vía para impugnar leyes electorales ante la Suprema Corte —con un plazo de quince días naturales y un deber de resolver en quince días hábiles para los procesos que arrancaban antes del 1 de abril de 1997, según su transitorio SEGUNDO. Cuando alguien dice «el sistema de justicia electoral se consolidó en 1996» está condensando, sin decirlo, una decisión de jurisdicción que ese texto tomó en un párrafo y dos plazos. Ninguna de esas tres líneas dice si la reforma fue buena. Dice qué quedó escrito, con qué fecha, con qué mayoría agravada y a quién se dejó sin puesto. Para discutir el resto hace falta otra evidencia que aquí no se leyó.

Caso 3. El mismo 1917, dos lecturas con defensor y con interés declarado

El texto constitucional de 1917 tiene fecha de publicación verificable en la compilación oficial: los artículos que nunca fueron reformados llevan la nota «Artículo original DOF 05-02-1917», y otros traen además «Fe de erratas al artículo DOF 06-02-1917». Dos fechas distintas, ambas impresas; esta lección las registra como aparecen y no decide entre ellas, porque no revisó el facsímil del Diario Oficial.

Alrededor de ese texto se armó una disputa que sigue viva, y la lección no la resuelve: la presenta con sus defensores. Del lado de la lectura que ve en 1917 un punto de llegada y un marco vivo está Jesús Reyes Heroles, en el discurso pronunciado en Querétaro el 5 de febrero de 1978, en el sexagésimo primer aniversario de la promulgación, delante del presidente José López Portillo. Su tesis es explícita: «Nuestra ley fundamental, como Constitución viva y viviente, se desarrolla, crece, amplia, renueva y automodifica... cuando es reformada, siguiendo sus líneas esenciales, se apoya en la reforma y prosigue con ella, y cuando se ha intentado reformarla en contra de su sentido esencial rechaza la reforma y se afirma en sus orígenes». Y sobre el movimiento que le dio el texto: «nuestra revolución o es social o no es revolución».

Del lado de la lectura que ve en ese mismo arreglo un engaño insuficiente está Emiliano Zapata, en un manifiesto fechado en Tlaltizapán, Morelos, el 27 de diciembre de 1917, firmado «El General en Jefe del Ejército Libertador», con el lema «Reforma, Libertad, Justicia y Ley». Su texto no discute la letra constitucional: la descalifica por el gobierno que la rodea y propone otra institución. Señala que «por medio de la falsificación de las elecciones municipales y de su absoluto dominio sobre los gobernadores, prepara la formación de cámaras legislativas que ciegamente obedezcan su voluntad»; exige «la imprescindible aceptación de las reformas agrarias exigidas por el pueblo campesino y consignadas en el Plan de Ayala»; y enumera las reformas políticas que harían falta, incluidas «la cuestión obrera, en el sistema electoral y en la parte necesaria para la adopción del sistema del parlamentarismo», además de «la libertad municipal». Y sobre quién designaría al sustituto: «En cuanto al nombramiento de presidente provisional de la República, será hecho a mayoría de votos, por los jefes revolucionarios del país, en junta que se celebrará al efecto».

Esas dos hojas son el material de trabajo de un analista institucional. No porque digan cuál lectura es correcta, sino porque cada una hace visible tres cosas que un manual esconde: qué se estaba jugando quien habla, qué le pide al lector y qué evidencia necesitaría para avanzar. Reyes Heroles hablaba en el aniversario, a favor de una reforma política recién iniciada y contra lo que él mismo describe como reservas de «casi todos los partidos o grupos políticos»: su texto admite el conflicto («En su primer momento se comprobó que no pretendía favorecer o perjudicar a uno u otro partido»). Zapata hablaba en guerra, no reconocía al gobierno que había promulgado el texto, y su propuesta institucional —parlamentarismo y presidente provisional electo por jefes armados— es exactamente el tipo de alternativa que la narración escolar omite porque ganó la otra.

Y una última precisión de método antes de pasar a las fuentes: cuando un mismo archivo oficial imprime dos fechas para un mismo texto, la lección no elige una; anota las dos, dice dónde aparecen y deja la pregunta abierta. Ésa es la diferencia entre citar y cotejar.

Aquí entra la operación que esta lección quiere que sepas hacer. Nadie de los dos ofrece actas. Por eso, el dato duro del debate sobre el nombre de la nación —si México seguía llamándose Estados Unidos o se convertía en República Mexicana— llega a nosotros referido, no cotejado: Reyes Heroles cuenta que «La Comisión de Reformas a la Constitución propone que el nombre de Estados Unidos Mexicanos sea sustituido por el de República Mexicana. No se trata de un puro nominalismo: el dictamen de la comisión viene a sostener la tesis centralista de que en México: No existían estados: los formó, dándoles organización independiente, la Constitución de 1824», y añade su propia y seca conclusión: «Se mantiene la forma federal, aunque el dictamen da la razón a la argumentación centralista; la decisión es para el federalismo, pero la argumentación para el centralismo». Y registra el resultado: «Quienes se oponen al dictamen ganan: 57 diputados votan por la afirmativa y 108 por la negativa».

Esa es una disputa historiográfica real y nombrada: una lectura centralista de la formación del Estado mexicano, según la cual los estados fueron criatura de la Constitución de 1824, sostenida en el dictamen de una comisión de 1917 según el orador de 1978; y una lectura federalista que puede apoyarse en el propio texto de 1824, cuyo art. 5 enumera «los estados y territorios siguientes» como partes ya dadas, y cuyo art. 2 describe el territorio como «el que fue del virreinato llamado antes N. E.» sin decir que los estados lo preceden ni lo suceden. La lección no decide. Sí puede decir tres cosas exactas: dónde está cada frase, quién las dijo y qué falta para cerrar la pregunta —el Diario de Debates del Congreso Constituyente y el texto del dictamen de la Comisión de Reformas, que aquí no se abrieron.

El método en cinco preguntas, y un orden que no es negociable

Pregunta 1, texto: ¿qué frase exacta del documento sostiene esto? Si la respuesta no cabe en un renglón copiado, todavía no hay hecho. Pregunta 2, fecha con soporte: ¿en qué publicación aparece y cómo lo sabes? Aquí la respuesta decente es una fórmula: «nota del artículo 60: Artículo reformado DOF 06-12-1977, 22-04-1981, 15-12-1986, 06-04-1990, 03-09-1993» o «encabezado del decreto: Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014». Pregunta 3, actor con rol: ¿quién firmó, quién presidía, quién resultó desplazado? Los renglones de suscripción de los decretos dan nombres y cargos; y dan un límite, porque no dicen quién tuvo la iniciativa. Pregunta 4, alternativa: ¿qué otra salida estaba escrita en los transitorios y quién la habría perdido? Si no encuentras la alternativa, el documento no basta: hay que buscar otro (acta, iniciativa, prensa), y si no lo encuentras, se declara la ausencia. Pregunta 5, lectura rival: ¿qué explica otro con interés distinto y qué evidencia pide? Aquí se nombra al defensor y se le lee; no se le resume de memoria.

El orden importa porque la pregunta 1 sin la 2 produce la enfermedad más común del género: la frase cierta dicha en el año equivocado. Y la pregunta 5 sin la 4 produce la segunda: atribuir al presente la virtud del pasado, que es la forma suave de la hagiografía. Esta lección aplica el orden cinco veces seguidas sobre el mismo objeto —quién cuenta— y deja constancia escrita de las cuatro cosas que no pudo cerrar: el contenido de los decretos de 1977, 1981, 1986 y 1990; el desenlace de la elección presidencial bajo los arts. 84 a 86 de 1824; el texto de las Bases que organizaron la república centralista en 1836; y el acta del debate de 1917 sobre el nombre de la nación.