La contraloría municipal: tu aliada o tu decorado

El artículo 115 fracción II de la Constitución —NORMA NACIONAL— establece que los municipios cuentan con «una contraloría pública, encargada de verificar el ejercicio de los recursos y del cumplimiento de los objetivos y metas de la administración pública municipal». Dicho así, parece una garantía. En la práctica, en la mayoría de los municipios mexicanos esa contraloría es una oficina con un nombre, un escritorio y una firma que depende —en los hechos— de quien debería auditar: el presidente municipal.

Qué hace una contraloría funcional. Tres grandes áreas, todas técnicas, ninguna discrecional.

Uno: auditoría interna —revisar que las direcciones (obras, finanzas, desarrollo social) ejercieron el gasto conforme a ley; que los contratos existen, cuadran y se cumplieron; que los inventarios coinciden con el registro. El instrumento es el programa anual de auditoría: un calendario aprobado por el cabildo (o el alcalde, según REGLA MUNICIPAL) que define cuántos y cuáles expedientes se revisan cada trimestre. Sin programa, la auditoría es selectiva; y auditoría selectiva es encubrimiento con membrete.

Dos: investigación de responsabilidades —cuando hay denuncia o indicio de falta administrativa, la contraloría abre procedimiento, recaba pruebas, formula pliego de presunta responsabilidad y sustancia el expediente hasta la resolución (o lo turna al tribunal estatal de justicia administrativa donde existe —REGLA ESTATAL—). Este flujo lo marca la LGRA —NORMA NACIONAL— en sus artículos 37 a 39 y siguientes.

Tres: prevención y control —dictámenes de compra, revisión de bases de licitación, capacitación en declaración patrimonial, evaluación de riesgos de corrupción (art. 21 LGRA). Es el área menos visible y la que más ahorra: una base de licitación mal redactada se corrige antes, no después del contrato.

De quién depende. Ahí está la trampa estructural. La ley orgánica del estado (REGLA ESTATAL) dice que la persona contralora es nombrada por el ayuntamiento —o a propuesta del presidente, o por dos tercios del cabildo; varía—. El reglamento interno (REGLA MUNICIPAL) fija adscripción presupuestal. Si el presupuesto de la contraloría lo autoriza el mismo presidente que auditas, la independencia es narrativa. El regidor no puede cambiar esa estructura unilateralmente, pero sí puede exigir en cabildo que el programa anual de auditoría se apruebe por el pleno, y que los resultados lleguen al cabildo completos —no resumidos por la dirección auditada.

¿Qué puede hacer el regidor con una contraloría decorativa? Tres acciones, ninguna frontal, todas incómodas. Uno: solicitar por escrito, vía presidencia de mesa o secretaría del cabildo, la información que la ley obliga a producir (programa anual, resultados trimestrales, estadística de denuncias): el oficio queda en acta, y lo que queda en acta se puede preguntar en la siguiente sesión.

Dos: proponer acuerdo de cabildo que obligue a la contraloría a informar trimestralmente al pleno con indicadores mínimos (número de auditorías programadas vs. realizadas, hallazgos relevantes, denuncias recibidas vs. resueltas). Un acuerdo de cabildo es vinculante internamente (REGLA MUNICIPAL); es la herramienta del regidor sin facultades ejecutivas.

Tres: activar la contraloría social —es decir, el síndico, que en muchos municipios tiene la función legal de fiscalizar recursos y puede coadyuvar con la contraloría interna. Si el regidor y el síndico piden lo mismo en sesiones distintas, la probabilidad de que alguien conteste se duplica.

Ahora que sabes qué es la contraloría y cómo diagnosticarla, la siguiente lección baja al terreno que más le interesa al regidor: las responsabilidades administrativas —qué faltas existen, quién las persigue, qué sanción se puede imponer y cómo una observación de auditoría se convierte en procedimiento. Porque la contraloría que solo audita y nunca sanciona es un notario con folio.