Peso etiquetado, peso atado: finalidad y reglas de operación

Lo que trae escrito la etiqueta

Un peso etiquetado no es un peso con «sugerencia»: es un peso con contrato. La etiqueta de una aportación federal —Ramo 33 y similares— se redacta en las reglas de operación del programa: un documento publicado que fija para qué sirve el dinero (objeto), quién puede recibirlo (población objetivo y padrones), cómo se gasta (procedimientos: licitación, dictamen, actas de entrega-recepción), cómo se comprueba (facturas, evidencias fotos, formatos), en qué plazos se informa y qué pasa si algo falla (devoluciones, observaciones, sanciones). Las reglas las escriben las secretarías federales y las revisan la SFP y la ASF; el municipio no negocia la etiqueta: la acepta o no acepta el dinero. De ahí la consecuencia práctica que todo regidor debe tener presente: cuando el tesorero propone «aplicar el FISM a bacheo» y el bacheo no está en el objeto del fondo, no estás ante una «priorización distinta»: estás ante un desvío, palabra que en la Ley General de Responsabilidades (NORMA NACIONAL, art. 54) tiene nombre y sanción propios —inhabilitación y devolución, y si hay dolo y monto, proceso penal—. El matiz que salva gestiones: muchas etiquetas traen zonas de flexibilidad —el FORTAMUN con su libre determinación, el FAIS con hasta un porcentaje para inversión policial—: leer la etiqueta bien es encontrar ahí el aire; improvisarla fuera es meter el cuello.

La otra cara del candado es la coordinación: ningún municipio resuelve solo el agua, la seguridad o los residuos, y esos asuntos viajan por dinero de tres manos —federación, estado, municipio— con calendarios que no coinciden. El calendario federal manda sobre el municipal: las reglas de operación se publican a finales de año, los recursos se anticipan por parcialidades —nunca el 100% en enero—, y los informes se vencen aunque tu administración tenga prisa electoral. Un regidor avisado vigila tres costuras: una, la congruencia —que el programa anual de obras con FISM esté en el plan municipal de desarrollo y en el dictamen técnico: sin papel previo, la obra se cae en la comprobación—; dos, los convenios —cuando la federación «coordina» acciones con el estado, hay un convenio con cláusulas, montos y responsables que es documento público y fuente de litigios: pídelo y léelo—; tres, la contraparte —muchos fondos exigen que el municipio ponga dinero propio: verifica que esa contrapartida esté presupuestada, porque un fondo que llega sin su pareja local se devuelve con intereses de gestión—. Y en lo político, la etiqueta es escudo y espada: escudo, porque un gasto ceñido a reglas de operación se defiende solo ante la auditoría; espada, porque cuando alguien mueve dinero etiquetado a su antojo, tú ya sabes a qué artículo de qué ley llamar —y a qué ventanilla— para que la pregunta llegue con fundamento.